11-M
El jefe de los Tedax de Oviedo dice que la dinamita incautada a Trashorras y Toro en 2001 era "la utilizada por ETA en atentados"
El jefe de los Tedax de Oviedo ha comparecido este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Asturias contra Suárez Trashorras y su cuñado, además de otra veintena de acusados, por la operación Pípol. El agente sustituye al perito que encontró los explosivos en el garaje de Toro y que hace sólo una semana el tribunal supo, de casualidad, que había fallecido en un accidente de moto. En su declaración como testigo, el policía ha explicado que lleva 20 años en el Cuerpo, 14 de los cuales estuvo destinado en el País Vasco, y que por su experiencia pudo comprobar sin falta de análisis de qué tipo de dinamita se trataba ya que era la utilizada por "la banda terrorista ETA en atentados".
El papel de la Comisaría General de Información contra los peritos
Con la condición de imputados ya anulada por la juez Gallego, los peritos que elaboraron el informe sobre el 11-M y ETA son ahora testigos en una causa en la que toda la cúpula de la Policía Científica será juzgada por falsificación, falso testimonio y encubrimiento. En dos entrevistas en El Mundo y La Razón los peritos Escribano y López confirman que la orden de eliminar las referencias a la banda terrorista partió de la "superioridad", en referencia a los cuatro mandos imputados, pero no ocultan que podría haber sido la Comisaría General de Información, todavía controlada por Telesforo Rubio, la que tomó la decisión. Este fin de semana, el movimiento cívico del 11-M ha desencadenado concentracioens multitudinarias en todo el país. EL ANÁLISIS DE LUIS DEL PINOLA CRÓNICA DE LOS LECTORES
El movimiento cívico del 11-M desencadena concentraciones multitudinarias en todo el país a golpe de blog
La investigación independiente del 11-M ha desencadenado un movimiento cívico sin precedentes, que este fin de semana se ha hecho notar en 38 ciudades. Hace cuatro meses, las concentraciones de los Peones Negros bajo el lema Queremos saber la verdad se limitaban a un puñado de personas en nueve ciudades. Hoy, la convocatoria reúne a miles, se extiende por todo el país y empieza a despertar adhesiones fuera de España, a medida que la versión oficial se derrumba. La imputación judicial de cuatro mandos policiales por evidencias de falsificación de un informe ha dado el espaldarazo a la protesta. Intelectuales, periodistas y dirigentes del PP se suman en número creciente a las manifestaciones de cada día 11. Las de este mes de noviembre han significado el despegue definitivo de una corriente imparable a favor de la verdad. EL ANÁLISIS DE LUIS DEL PINOLA CRÓNICA DE LOS LECTORES
"UNA ESPAÑA SIN MENTIRA", por Pablo Molina
UNA COLECCIÓN DE INTOXICACIONES
Después de que la juez Gallego haya apreciado indicios de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento en la manipulación de un informe sobre ETA y el 11-M a manos de la cúpula de la Policía Científica, El Mundo repasa la campaña de desprestigio que han tenido que sufrir los tres peritos que firmaron el informe. Imputados por Garzón, los medios afines al Gobierno aprovecharon para desprestigiar a los tres agentes que ahora han pasado a ser testigos. Las tornas han cambiado y son ahora sus mandos los imputados. El diario de Pedro J. Ramírez, en su editorial, recuerda que "todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones".
La AVT pide al Gobierno que explique el proceso a cuatro mandos policiales por el falso informe sobre el 11-M
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha afirmado este sábado que continuarán con su "movilización cívica" con el fin de "exigir la verdad sobre el 11-M". El motivo: "Cada día descubrimos más agujeros negros y mentiras sobre la versión oficial". Así, reclamó al Gobierno central explicaciones sobre "la imputación de cuatro mandos de la Policía que, de alguna forma, manipularon y ocultaron pruebas de un informe pericial relativo al sumario". La plataforma Peones Negros, con el respaldo de la AVT y otras organizaciones cívicas, celebra este sábado, como cada día 11, en 36 ciudades españolas concentraciones silenciosas para exigir que se investigue la autoría de la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004.
Los delitos que imputa la juez a los mandos policiales están penados con cárcel hasta tres años, multas e inhabilitación
La juez Gallego ha apreciado delitos de falsedad documental y falso testimonio en los cuatro jefes policiales imputados en el caso del informe del ácido bórico, Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de Analítica del departamento, José Andradas, y el jefe del Laboratorio, Francisco Ramírez. En el caso de Santano la juez le imputa también un presunto delito de encubrimiento.
EL AUTO: FALSEDAD DOCUMENTAL, FALSO TESTIMONIO Y ENCUBRIMIENTO
La juez Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, ha dictado este viernes auto de procesamiento contra la cúpula directiva de la Policía Científica, por presuntos delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento, en relación con el informe en el que se apunta un posible vínculo de ETA con la trama del 11-M y que fue manipulado para suprimir toda referencia a la banda terrorista. A continuación, reproducimos el auto judicial íntegro.
Los mandos policiales exculpados por Garzón irán a juicio por falsificación, falso testimonio y encubrimiento
La juez Gemma Gallego aprecia indicios de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento en la manipulación de un informe sobre ETA y el 11-M a manos de la cúpula de la Policía Científica. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 ha dictado este viernes un auto de transformación en procedimiento abreviado contra Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de Analítica del departamento, José Andradas, y el jefe del Laboratorio, Francisco Ramírez, todos por falsificación y falso testimonio. A Santano, además, le imputa un presunto delito de encubrimiento. El Código Penal prevé penas de tres años de cárcel, multas e inhabilitación contra estas conductas delictivas. LEA AQUÍ el auto judicial íntegro.