11-M

Los servicios jurídicos de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) han presentado este viernes el escrito de calificación provisional del juicio que tendrá lugar contra los primeros 29 procesados por los atentado del 11 de marzo de 2004. En su informe, la AVT dice que "no se conoce toda la verdad" sobre estos atentados y subraya que la actuación "monopolística" del juez y la fiscal han aportado "más sombras que luces". La AVT se pregunta por qué ha existido la "necesidad" de exculpar a "otra organización terrorista", en referencia a ETA.

Ya se ha presentado en la Audiencia el escrito de conclusiones de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. A diferencia del texto del colectivo de Pilar Manjón, este escrito sí denuncia las incógnitas que aún se mantienen sobre la masacre a poco tiempo de que se inicie el juicio. La principal, según la asociación, "el tipo de explosivo que estalló en los trenes", que, según denuncian, se está ocultando. Las víctimas, que piden 230.000 años de cárcel para los 29 procesados, explican en el escrito que habría cuatro tramas implicadas en los atentados. Entre ellos, una formada por "terroristas desconocidos, probablemente de ETA".

El colectivo de afectados por el 11-M que preside Pilar Manjón ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito de calificación provisional en el que pide un total de 389.752 años de cárcel para los 29 procesados por los atentados de Madrid. La petición es 120.000 años mayor que la presentada por la Fiscalía. Su relato de hechos coincide con el de la fiscal Olga Sánchez. Manjón dijo que no va a contestar a los que sostienen la "teoría de la conspiración", porque "si yo hubiera tenido que estar un año desmintiendo mochilas azules y ácidos bóricos no habría hecho este trabajo", en alusión a su informe.

El portavoz parlamentario del PP ha defendido que su partido "lo está haciendo bien" en su labor de oposición, tanto en su apoyo al Estatuto andaluz como en su insistencia en denunciar las incógnitas del 11-M. De los atentados de Madrid, ha recordado que está "en la agenda"política" no por las críticas del PP, sino por la resistencia del Gobierno "a dar explicaciones". Respecto a los Estatutos, Zaplana ha dicho que mantiene "hasta la última coma" su artículo crítico con las reformas pese a su apoyo al texto andaluz, que ha justificado como un "mal menor". Su "lealtad" consiste, según Zaplana, en trabajar cada día" para lograr que el PP sea "alternativa de Gobierno".

El 5 de marzo de 2004, seis días antes del 11-M, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés interrogó a una vecina de este municipio madrileño a la que pidió que acudiera a prestar declaración con su vehículo. Las placas de la matrícula habían sido dobladas y el otro coche que las usaba había tenido un accidente esa misma noche. Los agentes, según desvela El Mundo, le preguntaron si había estado en Aviles y si conocía a Suárez Trashorras o El Chino. Tras la masacre, ratificó su declaración ante la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional. La citó el 26 de marzo pero su testimonio no llegó a Del Olmo. Le entregaron una segunda declaración en la que no hubo preguntas sobre el ex minero asturiano y el supuesto suicida de Leganés.

El ministro del Interior ha dicho en el Pleno del Congreso que el PP está "pillado por la mentira" en el 11-M. A pesar de que la juez Gallego ha imputado a toda la cúpula de la policía científica por la falsificación del informe del ácido bórico, Rubalcaba ha descalificado la petición del PP de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso, porque según dijo el PP sólo busca "volver a sembrar dudas" en torno al 11-M. Aunque se debatía la asignación presupuestaria de Interior, el portavoz del PP, Alejandro Ballestero, recordó la "falsificación" del documento policial del 11-M y provocó la respuesta airada del ministro y el portavoz socialista.

El grupo popular registró este lunes en el Congreso la petición de una comisión de investigación parlamentaria que trabaje durante dos meses para determinar las "responsabilidades políticas que pudieran derivarse" de la imputación a cuatro mandos policiales por la manipulación del informe que vincula a ETA con el 11-M. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ya anunció su intención de promover una investigación parlamentaria tras revocar -la juez- la imputación que Garzón había achacado a los peritos. López Aguilar ha calificado la iniciativa de "oportunista". Mientras, los imputados han anunciado que recurrirán.

Desde que el juez Garzón tuvo que inhibirse en el caso de los peritos por falta de competencias, la Abogacía del Estado irrumpió en un caso, en el que antes ni se había personado. A partir de ahí, el enfrentamiento con las decisiones de la juez Gallego ha sido constante. La titular del juzgado de instrucción número 35 de Madrid dejó sin efecto su personación hasta que aclare en concepto de qué lo hace e inmediatamente fue recurrido por la Abogacía del Estado. Ahora también presenta un recurso contra el auto de la juez Gallego que revoca la imputación por falsedad que hizo el juez Garzón a los tres peritos y además pide que vuelvan a declarar como imputados.

Según el escrito de la fiscal Olga Sánchez, y según la versión oficial que nos vendieron desde el principio, el de Madrid fue un atentado de carácter islámico, en el que el propio Ben Laden habría actuado como “detonante”. Sin embargo, la farsa del sumario del 11-M llega hasta el punto de que ni siquiera se ha procesado a aquellos miembros de Al Qaeda que fueron identificados en el curso de las investigaciones. Es el caso de Abu Dahdah, líder de la red terrorista en España, y de un sirio que hizo de intermediario en los alquileres de la casa de Morata.