11-M

La Brigada Provincial de Información está investigando a varios agentes de la Policía Nacional que podrían estar implicados en el tráfico de Goma 2 Eco y detonadores. Según desvela El Mundo, uno de los sospechosos estuvo destinado la noche del 11-M en la comisaría de Puente de Vallecas en la que apareció la mochila número 13 que condujo a las primeras detenciones y sobre la que se sustenta la versión oficial. Aunque no se ha conocido hasta ahora, la operación arrancó el pasado 15 de agosto con el visto bueno del juez Del Olmo, que estaba de guardia. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.

La versión que el juez instructor del 11-M presenta en el sumario sobre la llegada de la Policía al piso de Leganés no tiene nada que ver con la que maneja la Fiscalía. Desvela El Mundo que mientras que Del Olmo sostiene que los agentes cercaron el inmueble sobre las cuatro de la tarde del 3 de abril de 2004, para Olga Sánchez los supuestos islamistas llegaron poco antes de las siete de la tarde perseguidos por los policías tras un tiroteo. Pese a que el edificio estaba controlado por la Policía, la representante del Ministerio Público sostiene que los terroristas consiguieron refugiarse en él.

El Abogado del Estado reclama a los presuntos inductores y autores materiales de la masacre del 11-M y al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, como cooperador necesario, que respondan conjunta y solidariamente por valor total de 47.177.367 euros "a cada uno de los perjudicados o entidades que hayan abonado indemnizaciones por dichos perjuicios, por los fallecimientos, lesiones y perjuicios materiales o morales, y por los hechos de los que son responsables". Además, en su escrito de calificación provisional, el representante legal del Estado coincide con los hechos relatados y las penas solicitadas por la fiscal Olga Sánchez.

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, consideró que las investigaciones sobre los atentados del 11-M corresponden a los tribunales de justicia, pero subrayó que "dentro del estado de derecho existen también otras instituciones de carácter político" que tienen asimismo "la capacidad y el deber de investigar y perseguir la verdad". Además, añadió que "perseguir la verdad nos corresponde a todos".

El portavoz parlamentario del PSOE ha secundado la estrategia desplegada por Zapatero este miércoles en el Congreso. En vez de responder a las preguntas del PP en la sesión de control, el presidente del Gobierno se dedicó a acusar al PP de no respetar la instrucción del 11-M. López Garrido ha repetido que los populares "sistemáticamente ponen en cuestión la investigación de los jueces". Poco antes Rajoy insistía en que su partido respeta la labor judicial pero también apoya que es necesario "no tirar la toalla nunca" y seguir investigando "durante mucho tiempo".

Alicia Castro exigió este miércoles al Gobierno que reconozca que uno de los informes sobre el 11-M fue falsificado y les acusó de utilizar a la Policía para estos fines. "Un día les obligan a detener ilegalmente a militantes del PP por órdenes de ustedes y al día siguiente les hacen ocultar pruebas al juez Del Olmo o remitir informes falsificados", afirmó. De la Vega acusó al PP de intentar cuestionar a la Policía para "alargar el procedimiento" y avanzó que "se realizará el proceso sobre el 11-M" pese a las "presiones" del PP.

El portavoz de Interior de los socialistas en el Congreso acusaba, el pasado martes, a la AVT de gastarse el dinero de los presupuestos en "autobuses". Francisco José Alcaraz desmintió a Antonio Hernando y señaló que "como el PSOE está acostumbrado a irregularidades de este tipo, piensa el ladrón que todos son de su condición". Este martes, la COPE revela que el Gobierno ha entregado la mayor subvención de los fondos procedentes de la lucha antidroga a una asociación de inmigrantes marroquíes de la que fue vicepresidente Hernando. Nada menos que 50.000 euros, más del doble de la cantidad concedida a Cruz Roja o Proyecto Hombre. 

La fiscal del 11-M ha presentado el informe sobre los restos de explosivos hallados en los trenes como si formara parte del análisis al explosivo de la mochila de Vallecas. El primero lo hicieron los Tedax, y lo firmó Sánchez Manzano, que no es perito y que, tal y como él mismo reconoció, es experto en desactivación pero no en explosivos. El segundo fue realizado por tres peritos la Policía Científica. Según desvela El Mundo, aunque el primero de ellos carece de valor procesal porque incumple la ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene su validez para el juicio. Sólo admite que lo sucedido es "excepcional".

Ya lo había apuntado Luis del Pino y este lunes lo detalla El Mundo, que recurre a la ley de Enjuiciamiento Criminal para insistir en que el informe sobre los explosivos del 11-M no tiene valor judicial. Fue elaborado por la Unidad de Desactivación de Explosivos y NBQ, los Tedax, en vez de lo que marca el ordenamiento, que debía haber sido redactado por un laboratorio oficial: bien el de la Policía Científica o bien el de la Sección de Criminalística de la Guardia Civil. Además, sólo lo firma una única perito porque Sánchez Manzano, que añadió su rúbrica, no lo es. Él mismo, además, reconoció que era experto en desactivación pero no en explosivos. El tribunal que a finales de febrero comenzará a juzgar la masacre tendrá que ordenar la repetición de los análisis.