11-M

Alicia Castro exigió este miércoles al Gobierno que reconozca que uno de los informes sobre el 11-M fue falsificado y les acusó de utilizar a la Policía para estos fines. "Un día les obligan a detener ilegalmente a militantes del PP por órdenes de ustedes y al día siguiente les hacen ocultar pruebas al juez Del Olmo o remitir informes falsificados", afirmó. De la Vega acusó al PP de intentar cuestionar a la Policía para "alargar el procedimiento" y avanzó que "se realizará el proceso sobre el 11-M" pese a las "presiones" del PP.

El portavoz de Interior de los socialistas en el Congreso acusaba, el pasado martes, a la AVT de gastarse el dinero de los presupuestos en "autobuses". Francisco José Alcaraz desmintió a Antonio Hernando y señaló que "como el PSOE está acostumbrado a irregularidades de este tipo, piensa el ladrón que todos son de su condición". Este martes, la COPE revela que el Gobierno ha entregado la mayor subvención de los fondos procedentes de la lucha antidroga a una asociación de inmigrantes marroquíes de la que fue vicepresidente Hernando. Nada menos que 50.000 euros, más del doble de la cantidad concedida a Cruz Roja o Proyecto Hombre. 

La fiscal del 11-M ha presentado el informe sobre los restos de explosivos hallados en los trenes como si formara parte del análisis al explosivo de la mochila de Vallecas. El primero lo hicieron los Tedax, y lo firmó Sánchez Manzano, que no es perito y que, tal y como él mismo reconoció, es experto en desactivación pero no en explosivos. El segundo fue realizado por tres peritos la Policía Científica. Según desvela El Mundo, aunque el primero de ellos carece de valor procesal porque incumple la ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene su validez para el juicio. Sólo admite que lo sucedido es "excepcional".

Ya lo había apuntado Luis del Pino y este lunes lo detalla El Mundo, que recurre a la ley de Enjuiciamiento Criminal para insistir en que el informe sobre los explosivos del 11-M no tiene valor judicial. Fue elaborado por la Unidad de Desactivación de Explosivos y NBQ, los Tedax, en vez de lo que marca el ordenamiento, que debía haber sido redactado por un laboratorio oficial: bien el de la Policía Científica o bien el de la Sección de Criminalística de la Guardia Civil. Además, sólo lo firma una única perito porque Sánchez Manzano, que añadió su rúbrica, no lo es. Él mismo, además, reconoció que era experto en desactivación pero no en explosivos. El tribunal que a finales de febrero comenzará a juzgar la masacre tendrá que ordenar la repetición de los análisis.

El líder del PP ha declarado en El Mundo que la aparente falsificación de documentos perpetrada por mandos policiales "en una país normal llevaría a la dimisión inmediata del ministro" de Interior. "Y aquí no es que dimita, es que ni siquiera ha dado una explicación. A mí me pasa eso siendo ministro del Interior, y o lo explico o me voy", ha dicho. Preguntado por si con el juicio del 11-M se debe dar carpetazo al asunto, Mariano Rajoy ha declarado que "es obligación del Estado continuar esa investigación". Y pone como ejemplo los casos de Kennedy y Juan Pablo II. "Hay casos tan importantes como éstos, y el 11-M lo es, en los que la democracia no debe tirar la toalla nunca hasta que se sepa toda la verdad". Según Rajoy, "tal vez haya algo más o no lo haya pero, por lo menos, intentemos averiguarlo".

Los servicios jurídicos de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) han presentado este viernes el escrito de calificación provisional del juicio que tendrá lugar contra los primeros 29 procesados por los atentado del 11 de marzo de 2004. En su informe, la AVT dice que "no se conoce toda la verdad" sobre estos atentados y subraya que la actuación "monopolística" del juez y la fiscal han aportado "más sombras que luces". La AVT se pregunta por qué ha existido la "necesidad" de exculpar a "otra organización terrorista", en referencia a ETA.

Ya se ha presentado en la Audiencia el escrito de conclusiones de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. A diferencia del texto del colectivo de Pilar Manjón, este escrito sí denuncia las incógnitas que aún se mantienen sobre la masacre a poco tiempo de que se inicie el juicio. La principal, según la asociación, "el tipo de explosivo que estalló en los trenes", que, según denuncian, se está ocultando. Las víctimas, que piden 230.000 años de cárcel para los 29 procesados, explican en el escrito que habría cuatro tramas implicadas en los atentados. Entre ellos, una formada por "terroristas desconocidos, probablemente de ETA".

El colectivo de afectados por el 11-M que preside Pilar Manjón ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito de calificación provisional en el que pide un total de 389.752 años de cárcel para los 29 procesados por los atentados de Madrid. La petición es 120.000 años mayor que la presentada por la Fiscalía. Su relato de hechos coincide con el de la fiscal Olga Sánchez. Manjón dijo que no va a contestar a los que sostienen la "teoría de la conspiración", porque "si yo hubiera tenido que estar un año desmintiendo mochilas azules y ácidos bóricos no habría hecho este trabajo", en alusión a su informe.

El portavoz parlamentario del PP ha defendido que su partido "lo está haciendo bien" en su labor de oposición, tanto en su apoyo al Estatuto andaluz como en su insistencia en denunciar las incógnitas del 11-M. De los atentados de Madrid, ha recordado que está "en la agenda"política" no por las críticas del PP, sino por la resistencia del Gobierno "a dar explicaciones". Respecto a los Estatutos, Zaplana ha dicho que mantiene "hasta la última coma" su artículo crítico con las reformas pese a su apoyo al texto andaluz, que ha justificado como un "mal menor". Su "lealtad" consiste, según Zaplana, en trabajar cada día" para lograr que el PP sea "alternativa de Gobierno".