11-M
La radiografía de la mochila de Vallecas está fechada un mes después de la desactivación
En la radiografía de la mochila de Vallecas, considerada la bomba número 13 del 11-M, no figura la fecha del 12 de marzo, día que apareció la mochila y que fue desactivada en el parque Azorín, sino que está fechada un mes después, el 12 de abril. Así consta en el sumario de los atentados, según desvela La Gaceta. Un dato contradictorio porque, como también recoge el sumario, justo antes de la desactivación de la mochila fue cuando se realizó esa radiografía. Ante el juez, el tedax explicó que se había equivocado. La existencia de esta prueba fue ocultada al juez Del Olmo durante más de cuatro meses. En ella se apreciaba que esa supuesta bomba no podía haber detonado jamás porque tenía dos cables sueltos.
La Audiencia de Asturias se niega a admitir nuevas pruebas que relacionan a Trashorras con el tráfico de explosivos
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias denegó admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal antidroga, José Perals, que relacionan al minero asturiano, José Emilio Suárez Trashorras, imputado en la trama del 11-M con el tráfico de explosivos. El abogado del ex minero, Gerardo Turiel, pidió al juez, Bernardo Donapetry, que se desvincule el caso 'Pipol', que comenzó a juzgarse este lunes en Gijón, del proceso del 11-M.
La juez Gallego cita como imputado al mando policial que eliminó las referencias a ETA en el informe del ácido bórico
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, ha citado a declarar como imputado este martes al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, uno de los responsables policiales contra los que se dirige la querella por falsedad documental interpuesta ante este órgano por la Asociación de Ayuda a las Victimas del 11-M. Esta diligencia se produce después de que la semana pasada la juez citara a declarar también como imputado al superior de los peritos imputados por Garzón que eliminó la referencia a ETA del informe sobre el ácido bórico.
El PNV y ERC acusan a Gómez Bermúdez de "provocación" e "intento de sabotaje" por sus declaraciones sobre el 11-M
La entrevista que ha concedido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha motivado fuertes críticas al juez por parte de ERC y PNV. El motivo, las palabras del magistrado sobre el 11-M al respaldar la investigación periodística, que "siempre será una ayuda y nunca un estorbo", y en relación al juicio que se celebrará en febrero. Según el republicano Joan Puig, se trata de una "provocación" y un intento de "desacreditar" el sumario. Para Emilio Olabarría, sus palabras son "perturbadoras", "políticas" y una "verdadera perversión".
"Es sorprendente que se hable de jueces independientes cuando han estado en política"
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cuestionado la independencia de Garzón. Le sorprende que "se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos". Gómez Bermúdez, en una entrevista en El Mundo, también se ha mostrado crítico con Del Olmo, por el error que permitió la excarcelación de un imputado en el 11-M. Recuerda que "hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años".
Trashorras y Toro fueron procesados por tráfico de explosivos cinco meses antes del 11-M
La Audiencia Provincial de Oviedo juzga desde este lunes por la Operación Pipol al ex minero Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, ambos confidentes de la Policía e imputados en el sumario del 11-M. Sólo ahora se ha sabido que no sólo están procesados por tráfico de estupefacientes sino que, cinco meses antes de los atentados de Madrid y tras el cambio del fiscal, fueron imputados también por tráfico de explosivos. Pese a esto, no fueron a la cárcel.
Fuertes medidas de seguridad en el macrojuicio contra Trashorras y Toro por tráfico de explosivos para el 11-M
Los Juzgados de Poniente de Gijón, donde se celebrará desde este lunes y hasta el próximo 30 de noviembre el macrojuicio del caso "Pipol" en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, han intensificado desde hace días su seguridad y reforzado el número de Policías que custodian el edificio dada la relevancia de algunos de los acusados y testigos, relacionados con el 11-M. En este juicio estarán Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro y los testigos Rafa Zouhier y Francisco Javier Lavandera, el portero de un club asturiano al que intentaron vender la dinamita, entre otros.
Blanco ofrece "profundo respeto" a la imputación de un jefe policial por la falsificación del informe sobre ETA y el 11-M
El PSOE afirma que respeta "profundamente" la decisión judicial de mantener como imputado a Francisco Ramírez. El jefe de los tres peritos de la Policía que informaron de un posible vínculo de ETA y la trama del 11-M declaró que consultó con un superior, Pedro Mélida, antes de censurar toda referencia a ETA. José Blanco ha comentado este sábado que espera que "se vayan resolviendo todos los temas que permitan una clarificación de lo que realmente ha ocurrido". Pero si el PSOE mantiene una retórica de acatamiento, el Gobierno ha encomendado a la Abogacía del Estado que se persone para defender a Ramírez e impugnar las acciones de la juez. Cuando Garzón imputó a los tres peritos después de tomarles declaración en un procedimiento plagado de anomalías, el Gobierno no envió a ningún letrado a defenderlos. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.
El jefe de los peritos que informaron sobre ETA y el 11-M se descarga de la falsificación apuntando a un superior
La responsabilidad por la probable falsificación del informe policial sobre el ácido bórico, ETA y la trama del 11-M empieza a remontar la cadena de mando de la Policía. El jefe de los tres peritos ha apuntado, a su vez, a uno de sus jefes como coresponsable de la manipulación. El Mundo revela que Ramírez le ha contado a la juez Gema Gallego que consultó con el secretario de la Policía Científica, Pedro Mélida, antes de alterar el informe. Según el diario, la delación abre la puerta a imputaciones más elevadas. El Gobierno quiere atajar a toda costa esta deriva y ha puesto al abogado del Estado a torpedear la actuación de la juez. Rubalcaba dijo al estallar el escándalo que en su departamento "nunca jamás se han falsificado informes". La juez mantiene la condición de imputado sobre Ramírez. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.