Este domingo tendrá lugar en Madrid la Marcha por la Vida impulsada por un centenar de asociaciones cívicas que pretenden con la misma "rescatar para la sociedad civil el debate del aborto". Ya sólo por este objetivo merece la pena sumarse a los convocantes, puesto que en una sociedad plural no hay temas que puedan ser proscritos por decisión gubernamental.

Precisamente éste es el fundamento de cualquier sociedad democrática, la libertad de expresión sobre cuantos asuntos incumban a la opinión pública, y no es el del aborto uno de los menos acuciantes para los españoles, habida cuenta de las monstruosas cifras que esta práctica ha alcanzado en nuestra Nación de un tiempo a esta parte. Es obvio que para los católicos españoles el aborto es inmoral, un crimen contra el nasciturus y contra los propios designios de Dios, y por lo tanto la Iglesia tiene perfecto derecho a mostrar y demostrar su rechazo a ese proyecto. Pero también desde una perspectiva laica podemos considerar un error esta Ley, así como perniciosas las consecuencias derivadas de la visión socialista del aborto, significativamente para las adolescentes y sus familias.

En primer lugar, pues, creo no sólo legítimo sino plausible unirse a la Marcha por la Vida, porque tenemos tanto derecho a manifestar nuestra opinión sobre el aborto como los que defienden la postura contraria. En segundo lugar, considero muy pertinente que se produzca como reacción a una Ley gubernamental que ha despreciado toda opinión que no fuera la de los adictos a la doctrina oficial que emana del Ministerio de Igualdad. En tercer lugar, me parece que, como acostumbra, el Gobierno socialista nos está intentando colocar otra mala regulación envuelta en vistoso papel de regalo y presentada por la siempre sonriente ministra del ramo, Bibiana Aído, que presenta puerilmente el aborto como poco más o menos que un trance puntual de la sexualidad femenina.

En rigor, es absurdo declararse "proabortista" por cuanto nadie en su sano juicio puede estar a favor del aborto como se está a favor de la democracia o del reconocimiento legal de las uniones entre homosexuales. Por principio, hay que atender a cada caso, hay que acompañar a la mujer embarazada y hay que entender que, en casos extremos, como los de riesgo de vida para la madre, ésta podría decidir abortar. Por el contrario, las posturas proabortistas al uso resuelven la cuestión con el socorrido "que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo", como si el embrión que crece dentro de las embarazadas fuese una especie de apéndice innecesario o incluso un tumor maligno.

Esta visión falaz del embarazo es la que trata de extender el Gobierno entre las adolescentes, a fin de que puedan resolver satisfactoriamente y sin pensarlo mucho sus posibles y muy comprensibles dilemas morales, pero lo que está en juego es el derecho a la vida, en primer término, y el Estado hace dejación de sus funciones cuando no protege el derecho a la vida de los que van a nacer, que son precisamente los más desprotegidos. Más que de prohibición, prefiero hablar de creación de condiciones para que las adolescentes y las mujeres que se quedan embarazadas no tengan que verse obligadas a abortar. Y entre estas condiciones figuran por supuesto las económicas, familiares, sociales, laborales, etc. Ojalá que la Marcha sea todo un éxito y logre mover al Gobierno a este tipo de consideraciones, soslayando las esgrimidas hasta la fecha.