La actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes revelaciones del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. A pesar de que la política balear ha intentado defender su gestión al frente del gobierno de las Islas Baleares asegurando que el informe confirma su versión, la realidad que desprenden las investigaciones policiales apunta en una dirección radicalmente opuesta, evidenciando una red de influencias y mentiras que salpican directamente a la cúpula del PSOE.
Desde El Programa de Cuesta, se ha analizado con detalle cómo Armengol ha faltado a la verdad de manera sistemática. Mientras ella sostenía que su relación con Koldo García era meramente profesional y tangencial, los investigadores han hallado hasta sesenta y cinco mensajes que demuestran una relación personal de cercanía impropia de un procedimiento administrativo transparente. En estos mensajes, el trato familiar llega al extremo de referirse a ella como 'cariño', un término que echa por tierra la supuesta distancia institucional que la presidenta ha intentado fingir durante los últimos dos años.
El informe técnico de la Guardia Civil certifica que la contratación de mascarillas y material sanitario se gestionó de forma irregular. Según los datos aportados, una vez que Armengol facilitaba el contacto directo con los responsables de compras del servicio de salud balear, las operaciones se cerraban en un tiempo récord de apenas doce o catorce horas. Esta celeridad en la adjudicación de contratos millonarios a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, demuestra que no existía una concurrencia real ni criterios técnicos objetivos, sino una intervención directa de la presidenta para favorecer a los amigos de Koldo García e Ignacio Díaz Tapia.
Además del escándalo de las mascarillas deficientes que nunca fueron denunciadas a pesar de saber que eran fallidas, el audio destaca la existencia de una trama paralela relacionada con los tests PCR. Se pretendía que las comunidades gobernadas por el PSOE, como Baleares y Canarias, tuvieran el monopolio de estas pruebas para la apertura de corredores seguros en los aeropuertos, dejando a otras regiones como la Comunidad de Madrid en una situación de asfixia económica y sanitaria. Todo este plan era orquestado desde la sombra por Koldo, quien actuaba como el verdadero enlace político en el Gobierno para facilitar los negocios de Víctor de Aldama.