La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado la concesión de quince días adicionales de dedicación exclusiva y liberación de asuntos al magistrado ponente del caso de los ERE, Juan Antonio Calle Peña, lo que impedirá a la ciudadanía conocer antes de las próximas elecciones generales la sentencia sobre el mayor escándalo de corrupción destapado en España, que afecta de lleno al PSOE.
Dada la tremenda falta de medios de la Administración de Justicia y la extensión del pronunciamiento judicial referido, es posible que el juez y la sala de Gobierno del TSJA hayan actuado de forma completamente honesta e imparcial al solicitar y conceder, respectivamente, dicha prórroga, por mucho que este retraso –justificado, entre otros motivos, por problemas informáticos– beneficie indiscutiblemente al PSOE de cara al 10-N.
Aun así, es legítimo considerar bochornoso este retraso y tener todas las dudas sobre si en realidad ha sido causado por motivaciones políticas. Para empezar, y como dice el refrán, una justicia lenta no es justa, y la sentencia de los ERE, caso cuya instrucción se inició hace casi una década, llegaría tarde aun cuando se hubiera hecho pública hace ya meses. Además, llueve sobre mojado; no sólo por la infame manera en que la juez Alaya fue apartada de la instrucción, sino porque sentencias tanto o más extensas que ésta se han emitido y hecho públicas en mucho menos tiempo: sin ir más lejos, la del 1-O.
Esta última, que de forma escandalosa rechazó ver el delito de rebelión y que en la práctica va a dejar en libertad en muy pocos meses a los golpistas presos, parecería también destinada a no contrariar los intereses del PSOE de Pedro Sánchez, dispuesto a buscar apoyos para su investidura en los partidos separatistas a los que pertenecen los condenados. Eso, por no hablar de la no menos bochornosa sentencia del Tribunal Supremo que, por unanimidad, avaló la promesa electoral del PSOE, tan contraria a Derecho, de sacar a Francio de su tumba para volver a enterrarlo... donde al Gobierno socialista le ha dado la gana.
Aparte de que a todo ciudadano le asiste el derecho a valorar las sentencias –y sus retrasos– según su particular criterio, con extremos igualmente legítimos que pueden ir desde la admiración al desprecio, se ha de tener en cuenta que toda suspicacia o critica hacia las mismas –con independencia de su mayor o menor fundamento– puede encontrar acomodo en algo tan cierto y detestable como la designación política de los miembros de los máximos órganos judiciales, lo que provoca que el Poder Judicial sea una mera correa de transmisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta falta de separación de poderes es una lacra que socava el Estado de Derecho.
Así las cosas, y para que los jueces, además de ser justos, lo parezcan, es primordial dedicar más medios a la principal y más decisiva función que tiene encomendado todo Estado, la de administrar justicia; y que el Poder Judicial sea auténticamente independiente del poder político.