El escándalo del pederasta español indultado en Marruecos y recapturado en Murcia, espero que para devolverlo a las cárceles del sultanato alauí, pone de manifiesto que cualquier tipo de jurisdicción especial –en España prohibida por la Constitución– es, en el ámbito de las autoridades, una máquina de delinquir y, para los favorecidos por las anulaciones de sus sentencias, una lotería de la impunidad que nadie cree ciega ni gratuita.

Nadie sabe cómo funciona la máquina de indultar de Gallardón, pero sí sabemos que los primeros favorecidos por el ruinoso Ambiciones I han sido dos condenados del partido de Durán i Lleida, paradigma de corrupción, digo de honradez y, si me apuran, hasta de honestidad (risas).

El peor caso de indulto es el aforamiento, que es una forma de indultar a priori a los políticos que hacen las leyes y disfrutan haciéndoles trampas. Antes de delinquir, ya están preindultados, entregados a jueces elegidos por ellos y en tribunales que no son los suyos naturales, sino salas acolchadas y acomodadas a la razón política, una forma de indulto de la razón judicial.

Una jurisdicción especial no es una jurisdicción. Y lo especial tarda poco en convertirse en criminal. Ni aforamientos, ni indultos. Ni, por supuesto, Audiencia Nacional.