En sociedades avanzadas y democráticas, la presencia del Ejército en las calles no es nada extraña. Las Fuerzas Armadas velan por la seguridad de las infraestructuras críticas, ofrecen protección a los ciudadanos y son un elemento disuasorio de gran calado frente a la amenaza terrorista. De ahí que en Francia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido las patrullas de militares constituyan una estampa normal que a nadie llama la atención.
En España, por el contrario, la presencia de militares en las calles es un hecho inaudito relacionado las más de las veces con la colaboración del Ejército en tareas para hacer frente a catástrofes naturales. Sin embargo, y para no ofender a los espíritus sensibles de la izquierda y a los separatistas catalanes y vascos, el Gobierno de Zapatero creó una especie de regimiento militar desmilitarizado, la Unidad Militar de Emergencias, a fin de que su participación en labores humanitarias tendiese a pasar desapercibida.
Tal es la carga de prevenciones por parte de la izquierda y de complejos por la derecha, que la amenaza terrorista no ha propiciado la normalización del Ejército en España. Ni siquiera tras los atentados islamistas de agosto de 2017 en Cataluña se activó el nivel cinco de alerta antiterrorista porque implicaba la salida del Ejército a la calle. Como es obvio, no se hizo para no soliviantar a los separatistas que dos meses después dieron un golpe de Estado que a duras penas lograron contener el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el rey Felipe VI.
La gravedad de la situación causada por el coronavirus ha vencido las reticencias gubernamentales respecto a las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo ha decidido recurrir al Ejército en un gran número de ciudades de España. Sin embargo, Cataluña ha quedado, al menos de momento, fuera del despliegue. Las celebradas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en respuesta al sujeto que preside la Generalidad catalana no han tenido una traducción en hechos. El Ejército no ha hecho acto de presencia en Cataluña, circunstancia que satisface mucho a los independentistas y supone una discriminación para los catalanes no separatistas, que en circunstancias adversas han de apechugar con un Gobierno regional ocupado en exclusiva en sacar provecho de la crisis sanitaria y un Gobierno central que les deja en manos de los golpistas.
Están muy bien los discursos y la firmeza retórica de la ministra, pero de momento son pura palabrería. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya, ha asegurado que las Fuerzas Armadas se están desplegando "en aquellos sitios en los que nos llegan peticiones o se ven necesidades que así lo aconsejan". Es evidente que Barcelona presenta necesidades similares a las de Madrid. Tan evidente como que las autoridades locales y regionales no van a pedir ayuda al Ejército al que han echado de la vida pública catalana. Recuérdese la expulsión decretada por la alcaldesa Colau y la Generalidad del Salón de la Enseñanza o la marginación de los representantes militares en los actos institucionales.
Mientras no dejan de crecer las cifras de contagios y muertos por el Covid-19, la Generalidad prosigue su guerra sucia propagandística contra el Estado y la izquierda monta caceroladas contra la Monarquía, fiel a su especialidad de aprovechar las circunstancias más trágicas para el fomento de sus movilizaciones. En Italia sale la gente a los balcones para cantar el himno nacional. Aquí se procura que el Ejército moleste lo menos posible a la izquierda republicana y a los separatistas aliados de Sánchez.