Baltasar Garzón

El portavoz de Coalición Canaria en el Congreso Paulino Rivero ha rechazado que su grupo haya recibido fondos a cambio de favores urbanísticos, en relación a la noticia, conocida este lunes, en la que Garzón imputa al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de la formación nacionalista, un delito de cohecho. Rivero también ha insinuado que "tiene serias dudas" sobre la "posible instrumentalización de la Fiscalía" por el ministro de Justicia, que también es candidato a la presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar. Desde Coalición Canaria reprochan a Garzón que los implicados se hayan enterado de su condición de imputados por la prensa.

El Alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha negado haber recibido ningún beneficio "ni prebenda" tras hacerse pública su posible implicación en la presunta trama de corrupción en Tenerife, donde el propio Miguel Zerolo habría cobrado hasta 3 millones de euros por varias operaciones urbanísticas a desarrollar por una empresa filial de Fórum Filatélico. El primer edil de Santa Cruz de Tenerife, y primo del socialista Pedro Zerolo, ha opinado que alguien ha podido utilizar falsamente su nombre y figura política y ha denunciado que ha sufrido "operaciones de acoso y derribo". El presidente de la Autoriadad Portuaria de la ciudad, Luis Suárez Trenor, también ha negado su implicación en la trama.

Garzón ha remitido el caso a Tenerife para que también se investigue a 14 personas implicadas en la construcción de un nuevo puerto deportivo. Durante la investigación de la presunta estafa de Fórum Filatélico, el magistrado encontró indicios de delito contra Miguel Zerolo, alcalde por Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife y primo del socialista Pedro Zerolo, que ha negado haber recibido "ningún beneficio" durante sus 30 años en política. Según la investigación, Zerolo estaría implicado en el supuesto cobro de 3 millones de euros en comisiones por operaciones urbanísticas a desarrollar por una filial de la filatélica. En esta trama también estaría implicado el narcotraficante J.M. Carlos Llorca y dos bufetes de abogados de Marbella.

Garzón ha archivado la querella interpuesta por el ex consejero y condenado en el denominado "caso Banesto", Rafael Pérez Escolar, contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros 21 consejeros y ex ejecutivos de la entidad por la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto. El magistrado entiende que los hechos denunciados no constituyen delito y que, en todo caso, no cabe investigarlos porque estarían prescritos. Para el juez Garzón, no hubo apropiación indebida.

El portavoz del CGPJ ha afirmado este lunes que el órgano de gobierno de los jueces "respeta y acata" la decisión del Tribunal Supremo de anular por segunda vez el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Enrique López ha indicado que habrá que leer el auto para "acomodar" los nombramientos judiciales discrecionales a la "nueva doctrina" del Supremo. No obstante, el portavoz del CGPJ ha remarcado que el pronunciamiento del Supremo sobre este asunto "no cuestiona" los méritos ni de Gómez Bermúdez ni de ningún otro de los candidatos a presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, denunció este sábado en la Cadena COPE la existencia de una campaña de "presión y acoso" a la judicatura desde determinados sectores políticos cuyas consecuencias son "corrosivas" para el funcionamiento del sistema. García denunció la actitud de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial que "pierden la vida" al denunciar injerencias y presiones con respecto a la labor de determinados jueces y "guardan un significativo silencio" en otros casos, en los que las presiones son mucho más graves.

La delegada de la AVT en Madrid ya ha contestado a los elogios que dedicó el juez Garzón a Zapatero. El magistrado se refirió a la "gran valentía", en su opinión, del presidente. También dijo que "está haciendo lo que debe" en relación al proceso abierto con los terroristas. Sus palabras han provocado la indignación de Irene Villa, que se ha preguntado, en alusión a las afirmaciones de Garzón, "qué tiene de valiente escuchar las pretensiones de los terroristas". El presidente se refirió al proceso como un "contrato" con ETA en una entrevista a Le Figaro, una referencia que Moncloa ha obligado a retirar.

El juez Baltasar Garzón negó este martes que el Gobierno esté ejerciendo "presiones" sobre los jueces en relación con el "proceso de paz" respecto a ETA y afirmó que el presidente del Gobierno "está demostrando una gran valentía desde el principio de su mandato". Por enésima vez, Garzón contraviene con sus declaraciones el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Garzón dijo que "no es verdad" que el Gobierno no esté luchando contra ETA y agregó que "no se puede afirmar eso y quien lo hace sabe que no se debe afirmar". Garzón consideró que "los poderes forman parte de un Estado y no puede ir cada uno por su lado". 

El presidente del Gobierno concede este miércoles una entrevista al diario francés Le Figaro, con la negociación con ETA como asunto central. Según adelanta Europa Press, Zapatero dice que el Gobierno "ha cumplido su parte del contrato" y ahora "la pelota está en el campo de ETA". Al ser preguntado por el acercamiento de presos, Zapatero señala que no hará nada hasta "verificar" la voluntad de ETA de dejar las armas, pero matiza que no puede desvelar las "tácticas de negociación". En España, el juez Garzón negó que el Gobierno esté presionando a los jueces y alabó a Zapatero porque "está demostrando una gran valentía desde el principio de su mandato" y "hace lo que debe" en relación con ETA. Con sus declaraciones, Garzon contraviene, por enésima vez, el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.