Baltasar Garzón

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó este miércoles se grabe permanentemente a todos los detenidos por terrorismo, así como otras medidas encaminadas a garantizar sus derechos y a evitar la interposición de denuncias por malos tratos, como el permitirles ser visitados por médicos de su designación, informaron fuentes jurídicas. Esta medida se reduce a los casos que le corresponda instruir a él. La CEP ha acusado al juez de "sembrar dudas" sobre la actuación de los policías.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó a última hora de este sábado el ingreso en prisión de siete detenidos el pasado martes en Ceuta como presuntos integrantes de una célula islamista que planeaba perpetrar atentados en la ciudad autónoma y en la península "a largo plazo" y dejó en libertad a los otros cuatro arrestados. Garzón, quien estuvo interrogando a los detenidos durante todo el día, decretó el ingreso en prisión de los siete por integración en organización terrorista, colaboración y falsedad.

La exigencia de Baltasar Garzón de grabar los interrogatorios de todos los detenidos por terrorismo ya ha recibido la réplica de la Policía. Su petición es imposible porque no hay medios suficientes para hacer las grabaciones en el primer caso que se ha presentado, los once detenidos por terrorismo islamista en Ceuta. El magistrado, ante esta contestación, ha reclamado a Interior que conceda los dispositivos necesarios para que se pueda cumplir su exigencia. El magistrado se basó para pedir esta medida en recomendaciones internacionales. La CEP le acusó de no confiar en la actuación de la Policía.

El director de "El Mundo", Pedro J. Ramírez, consideró este miércoles "una vergüenza que haya policías en la cárcel por hablar con un periódico y no haya ninguno por haber dado el chivatazo a ETA" sobre una operación contra su aparato de extorsión. La investigación sobre el chivatazo a ETA la inició el juez Grande Marlaska, que sustituía a Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras éste estaba en EEUU. Cuando el juez Garzón volvió, el caso cayó en sus manos. Allí permanece desde entonces sin que el juez haya practicado una sola diligencia, a excepción de un auto para exculpar al jefe de seguridad del PSOE y a Telesforo Rubio. Casualmente dictó el auto el único día que Rajoy preguntó a Zapatero en el Congreso sobre este asunto. 

El portavoz de Coalición Canaria en el Congreso Paulino Rivero ha rechazado que su grupo haya recibido fondos a cambio de favores urbanísticos, en relación a la noticia, conocida este lunes, en la que Garzón imputa al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de la formación nacionalista, un delito de cohecho. Rivero también ha insinuado que "tiene serias dudas" sobre la "posible instrumentalización de la Fiscalía" por el ministro de Justicia, que también es candidato a la presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar. Desde Coalición Canaria reprochan a Garzón que los implicados se hayan enterado de su condición de imputados por la prensa.

El Alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha negado haber recibido ningún beneficio "ni prebenda" tras hacerse pública su posible implicación en la presunta trama de corrupción en Tenerife, donde el propio Miguel Zerolo habría cobrado hasta 3 millones de euros por varias operaciones urbanísticas a desarrollar por una empresa filial de Fórum Filatélico. El primer edil de Santa Cruz de Tenerife, y primo del socialista Pedro Zerolo, ha opinado que alguien ha podido utilizar falsamente su nombre y figura política y ha denunciado que ha sufrido "operaciones de acoso y derribo". El presidente de la Autoriadad Portuaria de la ciudad, Luis Suárez Trenor, también ha negado su implicación en la trama.

Garzón ha remitido el caso a Tenerife para que también se investigue a 14 personas implicadas en la construcción de un nuevo puerto deportivo. Durante la investigación de la presunta estafa de Fórum Filatélico, el magistrado encontró indicios de delito contra Miguel Zerolo, alcalde por Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife y primo del socialista Pedro Zerolo, que ha negado haber recibido "ningún beneficio" durante sus 30 años en política. Según la investigación, Zerolo estaría implicado en el supuesto cobro de 3 millones de euros en comisiones por operaciones urbanísticas a desarrollar por una filial de la filatélica. En esta trama también estaría implicado el narcotraficante J.M. Carlos Llorca y dos bufetes de abogados de Marbella.

Garzón ha archivado la querella interpuesta por el ex consejero y condenado en el denominado "caso Banesto", Rafael Pérez Escolar, contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros 21 consejeros y ex ejecutivos de la entidad por la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto. El magistrado entiende que los hechos denunciados no constituyen delito y que, en todo caso, no cabe investigarlos porque estarían prescritos. Para el juez Garzón, no hubo apropiación indebida.

El portavoz del CGPJ ha afirmado este lunes que el órgano de gobierno de los jueces "respeta y acata" la decisión del Tribunal Supremo de anular por segunda vez el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Enrique López ha indicado que habrá que leer el auto para "acomodar" los nombramientos judiciales discrecionales a la "nueva doctrina" del Supremo. No obstante, el portavoz del CGPJ ha remarcado que el pronunciamiento del Supremo sobre este asunto "no cuestiona" los méritos ni de Gómez Bermúdez ni de ningún otro de los candidatos a presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.