Baltasar Garzón

Después de que el pasado viernes proetarras de Segi intentasen quemar vivos a dos policías en Bilbao y de que Askatasuna burlase a Garzón en San Sebastián, los dos grupos ilegalizados ya han convocado para este sábado una nueva marcha en Pamplona. Precisamente, el aumento de la actividad proetarra ha hecho que los cargos públicos que dejaron su escolta con el alto el fuego la hayan recuperado. Además, Ángel Acebes exigió este lunes que el proetarra detenido el viernes sea juzgado en la Audiencia Nacional en vez de en la Audiencia de Vizcaya. La Fiscalía del Supremo ha dado a conocer el recurso de casación en el que solicita al tribunal que declare "terrorista" a la organización juvenil Jarrai y a sus sucesoras, Haika y Segi.

El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha manifestado que la investigación independiente de algunos medios que intenta aclarar la relación entre ETA y los atentados del 11-M es "lo mismo que pasó el 95 con los GAL y los fondos reservados", ya que, en su opinión, se trata de "la misma película, la misma historia, los mismos personajes, el mismo director del periódico, testigos falsos y el mismo juez". Sin embargo, la Justicia aprecia indicios de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento en la manipulación del informe del ácido bórico a manos de la cúpula de la Policía Científica. El Código Penal prevé penas de tres años de cárcel.  LEA AQUÍ el auto judicial íntegro.

El entorno de ETA desafió a las autoridades y salió este viernes a las calles del País Vasco pese a las prohibiciones. Lo más grave, en Bilbao, con dos detenidos después de rociar con spray a un policía municipal y con gasolina a otro con la intención de prenderles fuego. Otegi se había jactado horas antes de que podía parar el terrorismo callejero a cambio de inmunidad judicial. La AVT ya ha anunciado una querella por este desafío. Además, la Ertzaintza cargó contra los jóvenes proetarras de Segi, que se concentraban sin autorización frente a la sede del PSE. En San Sebastián, la ilegal Askatasuna recorrió las calles de la parte vieja donostiarra a pesar de la prohibición del Baltasar Garzón.

El entorno de ETA desafió a las autoridades y salió este viernes a las calles del País Vasco pese a las prohibiciones. Lo más grave en Bilbao, con dos detenidos después de rociar con spray a un policía municipal y con gasolina a otro con la intención de prenderles fuego. En San Sebastián, la ilegal Askatasuna recorrió las calles de la Parte Vieja donostiarra a pesar de la prohibición del Baltasar Garzón. La Ertzaintza advirtió que la marcha no se podía celebrar, por lo que los proetarras decidieron cambiar el recorrido despistando a la policía vasca. En Bilbao, la Ertzaintza cargó contra los jóvenes proetarras de Segi, que se concentraban sin autorización frente a la sede del PSE.

En contra del criterio de la Inspección del CGPJ, las vocales nombradas por el PSOE pidieron que se abriera una investigación a la juez Gema Gallego por un supuesto retraso en un proceso judicial. El informe de la Inspección había exculpado a la juez de la supuesta irregularidad, según informa El Mundo. Pese a eso, tanto Montserrat Comas como María Ángeles García insistieron en abrir una investigación a la juez que se encarga del caso del ácido bórico. El vocal José Luis Requero ha confirmado "la llamativa resistencia" a archivar el caso de ambas, que contrasta con su petición para que no se investigara al juez Garzón.

La portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso afirmó que el "grave problema" que suponía para Interior Telesforo Rubio fue lo que obligó a Rubalcaba a reestructurar el Ministerio. Rubio era el responsable de la Comisaría General de Información cuando se produjo el chivatazo a ETA. Marlaska le apartó del caso, del que no se volvió a saber nada hasta que Garzón decidió exculpar al comisario unas horas antes de que Rajoy preguntase por el chivatazo a Zapatero en la Cámara Baja.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha resuelto el recurso que los peritos habían interpuesto contra el auto de Garzón que les imputaba un delito de falsedad documental. Desde que el caso está en Plaza de Castilla, los tres agentes han pasado a ser testigos y sus superiores, a estar imputados. Todo lo contrario de lo que había dictado el juez de la Audiencia Nacional, que finalmente tuvo que inhibirse por su incompetencia. Ahora, en un nuevo auto, la juez Gallego ha decidido anular la imputación inicial que había impuesto Garzón y mantiene la de sus cuatro superiores: Francisco Ramírez, jefe inmediato, José Andradas, jefe de la Unidad Central de Análisis de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, secretario general de esta comisaría, y Miguel Ángel Santano, máximo responsable de la Policía Científica.

El banco portugués Espíritu Santo (BES) arremete este sábado contra la actuación judicial llevada a cabo por Baltasar Garzón en la Operación Suéter llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción que ordenó congelar unos 1.500 millones de euros en cuentas opacas por un presunto caso de blanqueo de capitales tras registrar las sedes del BES, BNP Paribas, la aseguradora Cahispa y la sociedad Cartera Meridional. "Consideramos que las actuaciones llevadas a cabo el 2 de noviembre, fueron desproporcionadas y causaron una innecesaria confusión en la opinión pública", han declarado a El Economista fuentes del BES cuya dirección no sale de su asombro ante el proceder de las autoridades.

El diario El Mundo vuelve a denunciar este lunes en uno de sus editoriales "la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre" del 11-M. El artículo se apoya en una información que desvela este mismo día: que "200 cintas grabadas por Garzón a islamistas estaban sin traducir el 11-M". Aunque apunta que el juez no es el único responsable, "sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas". Y recuerda que entre 2003 y 2004 el magistrado disfrutó de nueve permisos para ausentarse de España.