Baltasar Garzón

El PP no será un obstáculo para la destrucción civil de los tres expertos policiales que informaron de un posible vínculo de ETA y la trama del 11-M, y cuyo trabajo fue falsificado por sus superiores. El portavoz de Justicia e Interior de los populares ha apelado a "la necesaria cautela" ante el auto del juez Garzón que imputa un delito de falsificación a los tres peritos que fueron víctimas de esa misma práctica, como, de hecho, ha apreciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ignacio Astarloa ha manifestado a COPE que, "ante todo, máxima cautela" para una actuación judicial que remata la ofensiva del Gobierno, y de El País y ABC, para criminalizar a los tres peritos. El PP constata, eso sí, su "sorpresa" por la decisión de Garzón. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto íntegro del juez Baltasar Garzón.

El magistrado autorizó este viernes las cuatro marchas convocadas para este sábado por Batasuna-ETA en las tres capitales vascas y en Pamplona. Argumenta que "no consta" que los convocantes tengan "relación orgánica" con el brazo político de ETA, a pesar de que hasta ocho de los convocantes de las mismas, incluidos las dos personas que leyeron los comunicados, han sido dirigentes o candidatos de Batasuna-ETA o de las candidaturas ilegalizadas. La decisión de Baltasar Garzón llega días después de que se mostrase partidario de la negociación con ETA en una emisora francesa.

El firmante del informe manipulado que se envió al juez del Olmo, Francisco Ramírez, ha declarado este viernes ante Garzón. Estaba previsto que el jefe de la Unidad de Análisis prestara declaración el jueves, pero estaba de vacaciones. Quien sí se presentó ante el juez ese día fue Miguel Ángel Santano, Comisario General de la Policía Científica, junto a los tres peritos que redactaron el documento inicial. Garzón ha mantenido estos interrogatorios en el marco de la causa que instruye sobre los atentados de Casablanca pese a que la Audiencia ya ha remitido los informes a los juzgados de Plaza de Castilla.

El fiscal Juan Antonio García Jabaloy remitió este jueves un informe al juez Garzón en el que solicita que permita las cuatro manifestaciones convocadas por el entorno de ETA para este sábado en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, al entender que no existen "vínculos objetivos" entre los actos y Batasuna-ETA. El informe del fiscal pasa por alto que entre los convocantes figuran ocho ex candidatos y cargos públicos del brazo político de ETA. Por su parte, Rajoy calificó de "pésima noticia" que la negociación con los terroristas se debata en la Eurocámara. La AVT y las víctimas del IRA también censuraron el debate.

“Como no aspiro a ningún puesto y no me importa perder el que tengo...”. Con esta premisa, que según él le da libertad para escribir lo que quiera, el juez lanzó desde las páginas del diario El País, el 4 de marzo de 2004, una interminable colección de insultos y ataques al presidente del Gobierno por apoyar a EEUU en la guerra contra el régimen de Sadam Husein. Le acusó de manipularlo todo para mentir a los ciudadanos y seguir a ciegas a Bush. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 395 la prohibición de que los jueces "dirijan a los poderes felicitaciones o censuras por sus actos".

Se queda con el caso. El juez Baltasar Garzón se hará cargo de la denuncia sobre la manipulación del informe policial del 11-M interpuesta por España y Libertad y llamará a declarar al comisario Santano y a los cuatro peritos que firmaron los informes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió desviar la demanda al titular del Juzgado Central de Instrucción 5 por entender que está relacionado con un sumario abierto por él tras los atentados de Casablanca. Es en esa pieza donde aparece El Haski, al que luego se le encontró el ácido bórico que la policía relacionó con ETA sin éxito.

Desde que El Mundo puso en evidencia la manipulación de un informe policial, tres han sido las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, la demanda interpuesta por la Plataforma España y Libertad no ha ido a parar al juez Del Olmo sino a Garzón. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha sido el encargado de remitir dicho escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción 5. Y es que al fiscal Javier Zaragoza no sólo le unen lazos estrechos con Conde-Pumpido, sino también con Baltasar Garzón. Ambos, fiscal y juez, mantuvieron una reunión en Nueva York, días antes de que sustituyera a Marlaska, en la que habrían pactado "no hacerse daño".

El juez de la Audiencia Nacional dejó este viernes en libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, a los dos hombres de 30 y 32 años detenidos el pasado martes por su participación en el incendio de la estación de Euskotren en Rentería (Guipúzcoa). Garzón adoptó esta decisión en un auto de dos folios, redactado tras tomar declaración a los dos detenidos -Roberto Benito y Pablo Carral- en una comparecencia en la que la fiscal pidió libertad bajo fianza de 3000 euros.

No hubo asamblea, no hubo concentración, pero sí un acto político. Pese a las prohibiciones de Garzón y la presencia de la Ertzaintza, el brazo político de ETA consiguió este jueves burlar su ilegalización en la localidad alavesa de Llodio. Congregaron a una treintena de proetarras y el ex coordinador de Batasuna-ETA de Álava, Hasier Arraiz, pronunció un breve discurso. Por otro lado, la ilegal Askatasuna ha convocado seis concentraciones para este viernes, que se unen a las cinco convocadas por Batasuna-ETA para el sábado.