Baltasar Garzón

En contra del criterio de la Inspección del CGPJ, las vocales nombradas por el PSOE pidieron que se abriera una investigación a la juez Gema Gallego por un supuesto retraso en un proceso judicial. El informe de la Inspección había exculpado a la juez de la supuesta irregularidad, según informa El Mundo. Pese a eso, tanto Montserrat Comas como María Ángeles García insistieron en abrir una investigación a la juez que se encarga del caso del ácido bórico. El vocal José Luis Requero ha confirmado "la llamativa resistencia" a archivar el caso de ambas, que contrasta con su petición para que no se investigara al juez Garzón.

La portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso afirmó que el "grave problema" que suponía para Interior Telesforo Rubio fue lo que obligó a Rubalcaba a reestructurar el Ministerio. Rubio era el responsable de la Comisaría General de Información cuando se produjo el chivatazo a ETA. Marlaska le apartó del caso, del que no se volvió a saber nada hasta que Garzón decidió exculpar al comisario unas horas antes de que Rajoy preguntase por el chivatazo a Zapatero en la Cámara Baja.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha resuelto el recurso que los peritos habían interpuesto contra el auto de Garzón que les imputaba un delito de falsedad documental. Desde que el caso está en Plaza de Castilla, los tres agentes han pasado a ser testigos y sus superiores, a estar imputados. Todo lo contrario de lo que había dictado el juez de la Audiencia Nacional, que finalmente tuvo que inhibirse por su incompetencia. Ahora, en un nuevo auto, la juez Gallego ha decidido anular la imputación inicial que había impuesto Garzón y mantiene la de sus cuatro superiores: Francisco Ramírez, jefe inmediato, José Andradas, jefe de la Unidad Central de Análisis de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, secretario general de esta comisaría, y Miguel Ángel Santano, máximo responsable de la Policía Científica.

El banco portugués Espíritu Santo (BES) arremete este sábado contra la actuación judicial llevada a cabo por Baltasar Garzón en la Operación Suéter llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción que ordenó congelar unos 1.500 millones de euros en cuentas opacas por un presunto caso de blanqueo de capitales tras registrar las sedes del BES, BNP Paribas, la aseguradora Cahispa y la sociedad Cartera Meridional. "Consideramos que las actuaciones llevadas a cabo el 2 de noviembre, fueron desproporcionadas y causaron una innecesaria confusión en la opinión pública", han declarado a El Economista fuentes del BES cuya dirección no sale de su asombro ante el proceder de las autoridades.

El diario El Mundo vuelve a denunciar este lunes en uno de sus editoriales "la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre" del 11-M. El artículo se apoya en una información que desvela este mismo día: que "200 cintas grabadas por Garzón a islamistas estaban sin traducir el 11-M". Aunque apunta que el juez no es el único responsable, "sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas". Y recuerda que entre 2003 y 2004 el magistrado disfrutó de nueve permisos para ausentarse de España.

El juez español Baltasar Garzón ha llegado este sábado a Argel en visita de trabajo con el objetivo de investigar las relaciones de los ciudadanos argelinos detenidos en España por sus vinculaciones con el terrorismo. Garzón no quiso hacer declaraciones a su llegada dado el carácter "absolutamente confidencial" de su visita, según hizo constar un miembro de la representación diplomática española. El núcleo de sus pesquisas será la banda terrorista Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) ya que las células que tienen en España o Francia suponen una amenaza a la seguridad de varios países europeos.

El número dos de la Policía Científica, Pedro Mélida, ha declarado ante la juez Gema Gallego que "él no sugirió al jefe del laboratorio", Francisco Ramírez, que "alterase el objeto de la pericia sobre el ácido bórico hallado en la casa de Hasan Haski, procesado por el 11-M, ni tampoco le dijo que modificara las técnicas empleadas para el análisis", según publica este sábado El Mundo, a partir del acta judicial. La juez Gallego ha citado este próximo lunes, como imputado, al jefe de la Policía Científica, el comisario Ángel Santano. Mientras, dos de los peritos que elaboraron el informe han denunciado ante el CGPJ que Garzón sigue practicando diligencias sobre este caso, a pesar de que la Audiencia Nacional se ha inhibido a favor de los juzgados de primera instancia de Plaza de Castilla, según informa este sábado La Razón. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.

El cónsul de España en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Inocencio Arias, dijo que el "pacifismo" de los españoles es "enormemente selectivo" porque sólo "se echan a la calle" si el promotor de la guerra es Estados Unidos y se preguntó por qué no se han pronunciado con la misma contundencia en el conflicto de Ruanda, donde murieron más de 800.000 personas y en el que "el pasotismo ha sido total". Arias se expresó así en la presentación de su libro "Confesiones de un diplomático; del 11-S al 11-M", un acto en el que el juez Garzón opinó que si España no hubiera estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, la "influencia" del Gobierno del PP en la guerra de Irak "no se habría tenido en cuenta".

Rafael Díez Usabiaga, del sindicato LAB y Gorka Aguirre, miembro del PNV, están en libertad bajo fianza por delitos de colaboración con la banda terrorista ETA. Sin embargo, ello no ha supuesto obstáculo para que ambos puedan salir de España y asistir al debate sobre la negociación con ETA que ha forzado Zapatero en Estrasburgo. Lo harán gracias a las decisiones de los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón. Mientras, la Guardia Civil registró una quincena de herriko tabernas en el País Vasco y Navarra tras la orden del Supremo, para preparar la liquidación de los bienes de Batasuna-ETA.