Ya escucharon los alegatos de los procesados por el golpe de Estado catalán. Patéticamente solemnes, entregados a la que llaman una causa "noble", firmes en sus propósitos, convencidos de que tarde o temprano se hará realidad la república catalana, citando a sus hijos y a sus padres como si solo ellos tuvieran familia, empeñados en derribar la democracia tal como la conocemos para instalar un democracia racista, supremacista, xenófoba y clasista. Creen que no se les juzga a ellos, sino al "pueblo", y creen también que si son condenados, el dolor que sufren al estar privados de libertad se convertirá en el dolor de todos. La amenaza en estado puro.
"Lo volveremos a hacer", resumió uno de ellos, Jordi Cuixart, presidente de la organización separatista Òmnium Cultural, una entidad creada durante el franquismo por empresarios de sopicaldos, perfumes, cementos y tejidos más capitanes de la banca que hicieron sus fortunas al calor de la dictadura, bien conectados con el poder político de la época, representantes de las grandes sagas burguesas que sentaron las bases de lo que hoy es el régimen del apartheid lingüístico con la excusa del fomento de la "cultura catalana", la versión autóctona de los coros y danzas.
En sustancia, los presos alegaron que sus crímenes están amparados por la libertad de expresión y los derechos de manifestación y autodeterminación. Hablan de libertad de expresión como si tuvieran una mordaza en la boca, cuando cuentan con un sistema de medios financiado con ingentes cantidades de fondos públicos y pellizcos de capital privado que proceden precisamente de esas empresas que pasaron de los negocios con los prebostes franquistas al sistema del tres por ciento con pasmosa naturalidad, en suave y cómoda transición. Libertad de expresión, pero en catalán, y libertad de expresión para monopolizar los espacios públicos con sus lazos, la versión posmoderna de la esvástica que la alcaldesa de Manuel Valls se ha apresurado a reponer en la fachada del consistorio de Barcelona.
En cuanto al derecho de manifestación separatista, no hay más que repasar lo ocurrido el sábado en la plaza de San Jaime de Barcelona, donde una turba de independentistas acompañó al séquito municipal que se dirigía a rendir pleitesía al muñeco de Puigdemont con cívicos y pacíficos salivazos, golpes de banderas esteladas, festivos lanzamientos de botellines de agua y pintura amarilla. Al eurodiputado Jordi Cañas unos sujetos le lanzaron la referida pintura y le dejaron la americana lista para el museo de la concordia catalanista. También hubo incidentes en Sabadell. Un grupo formado por esas buenas gentes que solo querían votar el 1-O agredió a la diputada de Ciudadanos Laura Vilchez. Le tiraron un encendedor y le amenazaron de muerte. Lo típico.
Lo volverán a hacer y han comenzado los ensayos. El infame lazo amarillo preside de nuevo el ayuntamiento condal el mismo día que ha trascendido que la sanidad autonómica prepara un decreto para obligar a todos los médicos a atender en catalán o largarse. También es noticia de las últimas horas que el departamento de Exteriores de la Generalidad pretende ampliar su red de embajadas e implantarse en el África subsahariana, lo que enlaza directamente con el derecho de autodeterminación. Es de gran interés para las autoridades catalanas conocer de primera mano y sobre el terreno los procesos de descolonización. Se sienten tan concernidos por la historia del Congo belga que no piensan reparar en gastos.