Decenas de miles de ciudadanos se han dado cita este domingo en Barcelona para para exigir a la Generalidad y al Gobierno de Pedro Sánchez que se cumplan las sentencias favorables a la introducción del idioma español en la enseñanza obligatoria en la región. Bajo el lema "Español, lengua vehicular", una quincena de entidades constitucionalistas agrupadas en la plataforma "Escuela de Todos", han roto el silencio sobre la inmersión lingüística sólo en catalán y han tumbado el relato separatista sobre la aceptación absoluta de los métodos de adoctrinamiento y la eliminación del español en la "escola catalana".
A pesar de la negativa del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, a recibir a los convocantes de esta protestas, a pesar de la trabas administrativas y de la hostilidad de la mayoría de los medios catalanes, a pesar de las dificultades, la convocatoria de "Escuela de Todos" se ha saldado con un rotundo éxito. Los presidentes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, han sido algunos de los dirigentes políticos presentes en la protesta de este domingo en Barcelona. No así Alberto Núñez Feijóo, que ha delegado en Cuca Gamarra. Por parte del PP también ha acudido Cayetana Álvarez de Toledo, Dolors Montserrat y el presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, entre otros. También Eva Parera, la presidenta de Valents, la nueva formación constitucionalista.
Sin embargo, el protagonismo ha recaído en las familias y en los miembros de las entidades convocantes, que van desde Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano o Sociedad Civil Catalana hasta la organización de jóvenes universitarios "S'ha Acabat". En un ambiente cívico y pacífico, la manifestación ha ocupado el paseo Lluís Companys y el paseo Picasso. El constitucionalismo ha vuelto a expresarse en Cataluña de forma masiva.
Hasta mediados de la década pasada, las manifestaciones a favor de España y en contra del separatismo se saldaban con unos pocos miles de manifestantes. Las organizaciones constitucionalistas tenían presencia en la calle, pero no al modo del independentismo. El golpe de Estado separatista supuso un punto de inflexión. Las entidades y partidos constitucionalistas decidieron salir a la calle para demostrar que no sólo era de los independentistas. De entonces a acá, las convocatorias de dichas entidades han dejado de ser testimoniales para convertirse en demostraciones de una fuerza persistente y creciente.
Se ha perdido el miedo a los señalamientos. Las familias que piden enseñanza también en español para sus hijos ya no están tan solas mientras que el relato independentista hace aguas en medio de enfrentamientos entre sus diversas facciones, que sólo se entienden para repartirse los recursos públicos de la Generalidad, las diputaciones y cientos de ayuntamientos, donde gobiernan en coalición en no pocos casos con el PSC.
Siete puntos para la libertad
Las reivindicaciones de la plataforma "Escuela de Todos" han quedado resumidas en el manifiesto leído al término del acto y en el que se pide a las fuerzas políticas que se comprometan a conseguir la vehicularidad del español en el sistema educativo, "que el Gobierno de España cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña, en las demás comunidades autónomas con lengua cooficial y en todo el país". También se reclama "que los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular". Y que cese "la arrogante y permanente desobediencia a la Constitución y a las decisiones judiciales del gobierno de la Generalidad".
En quinto lugar se insta a las instituciones de la Unión Europea a que reprueben las actuaciones del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos "que sean contrarias a los valores europeos". Además, se exige a la Generalidad que cambie su política lingüística "represora e intimidante" para que los ciudadanos se puedan sentir libres de hablar en la lengua de su elección. El clamor final de la manifestación, que ha concluido con el himno nacional, ha sido el grito de "Libertad" coreado por miles de gargantas.
Una respuesta ciudadana
La manifestación es la respuesta de los defensores del bilingüismo y de la normalización del español en la enseñanza catalana a las maniobras de la Generalidad y del Gobierno para tumbar la sentencia de 16 de diciembre de 2020 que dictaba la introducción de un 25% de español en la enseñanza pública obligatoria en Cataluña. Las primeras familias en pedir la aplicación del fallo en los colegios de sus hijos sufrieron el encarnizamiento separatista jaleado por la consejería de Educación de la propia Generalidad.
En un contexto de señalamiento y amenazas cobró protagonismo el caso del llamado "niño de Canet", por el hostigamiento del que fueron víctimas el menor y su familia, con llamamientos en las redes sociales a aislar al niño en clase, a expulsar a la familia de Cataluña o apedrear su casa. Finalmente, la familia, totalmente desprotegida, fue identificada por el separatismo y los padres, señalados. El "delito" que se atribuía al padre era haber formado parte de las listas de Ciudadanos en unas elecciones locales.
Amedrentar a las familias
Tras el aviso a navegantes lanzado por la Generalidad para atemorizar a la familias y evitar una oleada de peticiones de aplicación de la sentencia, la administración autonómica activó su maquinaria legal y política para impedir la aplicación del fallo. De entrada, el Govern promulgó un decreto ley que prohibía la aplicación de cuotas. Y acto seguido, los partidos separatistas y el PSC aprobaron una nueva ley de usos lingüísticos en la enseñanza que ratificaba el decreto y la expulsión del español de las aulas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había fallado a favor del 25% en sentencia ratificada por el Supremo, aceptó las excusas de la Generalidad y la incapacidad de la Inspección Educativa del Estado para comprobar la aplicación del 25% y elevó las nuevas normas de la Generalidad al Tribunal Constitucional, que debe resolver sobre la exclusión del español en la enseñanza catalana y las nuevas normas de la Generalidad, algo que puede tardar meses o incluso años.
Los manifestantes denuncian el abandono de las administraciones y particularmente del Gobierno de Sánchez, que el español no sea aceptado como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán a pesar de que ambos son oficiales en la región. También protestan por las campañas de acoso del separatismo contra las familias que abogan por una educación bilingüe y reclaman igualdad y respeto.
Muchos de los manifestantes aseguran que es hora de "perder el miedo" y aluden a las valientes declaraciones de Javier Pulido, el padre del menor de Canet, quien en los últimos días ha llamado a participar en el acto para romper el discurso totalitario del nacionalismo y ejercer sin temor los derechos que asisten a los castellanohablantes en Cataluña.
El catalán en Europa
Mientras tanto, la última iniciativa del Gobierno de Sánchez en materia lingüística ha sido pedir en el Parlamento Europeo que el catalán sea considerado un idioma oficial en la UE y se puede intervenir en la cámara en esa lengua. La iniciativa es fruto de la "mesa de diálogo y negociación" entre el Gobierno y la facción de ERC en el Govern de la Generalidad, un pacto en el que el Ejecutivo se compromete a velar por la protección del catalán, impedir las "injerencias" judiciales en la enseñanza y consolidar un modelo de enseñanza que considera el español como una lengua extranjera.