La desclasificación de documentos de Inteligencia sobre los atentados del 11-M es una decisión correcta que confirma que el Gobierno informó con transparencia y veracidad de las pesquisas sobre la masacre terrorista. El Ejecutivo en funciones tiene no sólo el derecho, sino también la obligación de restituir la presunción de honradez de su conducta durante las largas horas que transcurrieron entre el jueves negro y el domingo electoral. Esa elemental integridad fue arrollada por una infame campaña de insidias planeada y ejecutada por el conglomerado político-mediático del PSOE y sus altavoces propagandísticos de la SER, CNN+, El País, Tele 5 y TV3. Su intensidad amedrentadora se redobló en plena jornada de reflexión. No dudaron en inducir a cualquier precio el voto de los españoles, aunque para ello tuvieran que recurrir a falsas acusaciones de que el Gobierno mentía, ocultaba información y manipulaba sus informes sobre la investigación. Ningún escrúpulo los frenó en su ansiosa determinación de arrojar los 201 muertos a la cara del Gobierno justo antes de que se abriesen los colegios electorales. Durante la noche del sábado de reflexión, Rubalcaba compareció, no para condenar los actos de acoso contra el PP, sino para decir que “España merece un Gobierno que no mienta”. Hace bien el ministro portavoz en recordar que una cosa es ganar o perder unas elecciones, ante lo que sólo cabe aceptar y seguir adelante, y otra muy distinta es tolerar la calumnia. El Gobierno tiene derecho a que queden en evidencia los auténticos manipuladores, tanto como la obligación de preservar el prestigio de la democracia española y de sus instituciones legítimas.