11-M

Miles de personas [más de 200.000, según estima COPE]  marchan pacíficamente por Sevilla, en protesta por la política de cesión del Gobierno a la banda terrorista ETA y para exigir la verdad sobre la autoría del 11-M. La provocación de la Delegación del Gobierno, que avisó con vigilar el nivel de decibelios de la manifestación, no ha intimidado a los sevillanos convocados por la AVT, que se han echado a la calle para exigir al Ejecutivo que  recomponga la unidad de los demócratas para derrotar a la banda. Entre los manifestantes, han caminado dirigentes del PP como Ángel Acebes, Ignacio Astarloa y Javier Arenas. Satisfecho por el éxito, Acebes lo ha interpretado como el signo de "una sociedad que no quiere rendirse ante los terroristas" y de que los españoles "quieren que el presidente esté aquí con ellos y no en la mesa" sentado con ETA.

Otro clamor contra el terrorismo, la misma indiferencia oficial. Unas 200.000 personas, según los organizadores, o 300.000, según la COPE, han pedido en Sevilla a José Luis Rodríguez Zapatero que no negocie con ETA y que se investigue hasta dar con todos los culpables del 11-M. En Alcorcón, donde daba un mitin, el jefe del Gobierno ignoró a las víctimas e insistió en identificar a la oposición como la "extrema derecha". Ni Chaves ni el alcalde Monteisirín acudieron a una manifestación en la que Teresa Jiménez Becerril deseó para sus sobrinos, huérfanos por culpa de ETA, un futuro "presidente del Gobierno en quien puedan confiar, y no uno que siga insistiendo en que pegar tiros es un buen comienzo". Acebes, Astarloa, Teófila Martínez y Arenas han representado al PP. El presidente de la AVT anunció nuevas manifestaciones, hasta que se escuche a las víctimas.   

"Por primera vez en mucho tiempo", el portavoz parlamentario del PP ha estado de acuerdo su homólogo del PSOE: "Aceptando el compromiso de López Garrido, espero que investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores" de la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M y se asuman las "responsabilidades" políticas. El PP, ha dicho, "no se va a dejar amedrentar" por "ningún tipo de intimidación" porque actúa "en defensa de la verdad". La CEP ha defendido a los tres peritos imputados por Garzón. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto judicial.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha señalado por dónde debe ir el juez Baltasar Garzón, tras el escandaloso auto con el que criminaliza, sin ni siquiera tener competencias para ello, a los tres policías que informaron de uno de los supuestos vínculos de ETA y la trama del 11-M. Diego López Garrido ha asegurado que su partido está "convencido" de que la investigación judicial llevará a descubrir "quiénes les han instigado". Jaime Ignacio del Burgo se ha atrevido a denunciar el servilismo del juez estrella con el Gobierno, entre el tono de cautela del PP. Mikel Buesa cree que la ofensiva contra los tres funcionarios "puede formar parte de algún tipo de maniobra". Luis del Pino analiza las implicaciones del auto.  LEA AQUÍ el auto judicial.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha criticado la decisión de Garzón de imputar por un delito de falsedad a los tres peritos que vincularon a ETA con el 11-M. A juicio de Alcaraz, se enmarca dentro de sus "últimas acciones encaminadas a favorecer un proceso de rendición con ETA, en vez de ayudar a buscar la verdad respecto a qué ocurrió en 11 de marzo". Alcaraz ha dicho que Garzón "debería inhibirse" a favor de la Justicia ordinaria. En su opinión, "con todo lo que está ocurriendo, Garzón hace un flaco favor a la credibilidad de los ciudadanos con respecto a la Justicia".

El PP combina la cautela ante la persecución penal, administrativa y mediática de tres policías que informaron de un vínculo de ETA y el 11-M, con la crítica al ministro del Interior, cuyo departamento "está en llamas" por la acumulación de escándalos, dijo Jaime Ignacio del Burgo. Sólo el portavoz de UPN se ha atrevido a denunciar el "espectáculo bochornoso" y la actitud "servil" del juez con el Gobierno. El portavoz popular de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, tanteó el terreno a primera hora, proponiendo "la máxima cautela". Mariano Rajoy ha subrayado que "no es responsabilidad del PP juzgar lo que hagan los jueces", aunque critica al Gobierno y exige a los responsables policiales que "cuenten la verdad". Rajoy ha añadido que "no es aceptable lo que está pasando aquí". LUIS DEL PINO analiza las implicaciones del auto judicial.  LEA AQUÍ el auto judicial.

La Confederación Española de Policía ha defendido la inocencia y resaltado el prestigio internacional de los tres peritos de la Policía Científica a los que el juez Garzón ha imputado un supuesto delito de falsificación de documentos, una práctica de la que ellos han sido víctimas, al ver cómo un informe en el que apuntaban un posible vínculo de ETA con el 11-M fue mutilado antes de su entrega al juez. El sindicato recuerda que los tres funcionarios perseguidos por Garzón y el Ministerio del Interior, con el eco de El País y ABC, "son reconocidos como los mejores expertos". El SUP evita defenderlos y despacha el escándalo por el auto judicial diciendo que todo obedece a una "batalla entre políticos".  LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto judicial.

El responsable de los servicios jurídicos y portavoz de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, ha afirmado que "el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón no es competente para imputar a nadie por falsedad documental". "El sabe que no es competente", añadió. A esta afirmación se añade la del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que ha criticado que las investigaciones policiales y judiciales se estén centrando más en investigar una posible falsificación en las fechas de salida de un informe en el que se relacionaba a ETA con el 11-M cuando lo importante es, según enfatizó, verificar la autenticidad del contenido.

Garzón, ignorando que no tiene competencias en este caso, ha imputado un delito de falsedad en documento oficial a los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico que relacionaba a ETA con el 11-M. El juez les acusa de falsificar la fecha del informe. Según el auto, los imputados entregaron este documento a su jefe, Francisco Ramírez, quien les ordenó que suprimieran la referencia a ETA. Al negarse los peritos, el propio Ramírez suprimió la alusión a la banda terrorista, lo firmó y lo remitió al juez Del Olmo sin haber realizado él los análisis. Un año y cuatro meses después, los peritos sacaron de su ordenador el informe original para demostrar que Ramírez lo había falseado. Como lo volvieron a firmar Garzón da la vuelta a esta historia y les imputa a ellos el delito. LEA AQUÍ EL AUTO. Análisis de Luis del Pino