11-M

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad, quienes denunciaron a los policías implicados en la elaboración del informe pericial falsificado, han presentado sendas cuestiones declinatorias de competencia ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, solicitando que su titular, Baltasar Garzón, se inhiba de investigar este asunto en favor de los Juzgados de Instrucción ordinarios. Mientras que la asociación de víctimas dice que la Audiencia Nacional no es competente, España y Libertad duda de la imparcialidad del juez.

El presidente del Foro de Ermua ha rechazado este sábado que la imputación del juez Garzón a tres peritos por falsificación acabe con la línea de investigación que relaciona a ETA con los atentados del 11-M, ya que el informe supuestamente falseado "no relacionaba a ETA con el atentado, sino que sólo exponía la existencia de una circunstancia común". En este sentido, Buesa cree que la ofensiva simultánea del Gobierno, los diarios El País y ABC, y el juez Baltasar Garzón por la destrucción civil de los peritos "puede formar parte de algún tipo de maniobra", a la que se habría sumado ahora el magistrado de la Audiencia Nacional. El PP ha propuesto cautela, aun reconociendo su "sorpresa" por el auto de Garzón. Luis del Pino analiza las implicaciones del auto en el post El hombre que veía amenazar.  LEA AQUÍ el auto judicial.

Momentos después de que la Audiencia Nacional confirmase que existen indicios de falsedad en el documento alterado por la policía científica para eliminar la referencia a ETA en la investigación del 11-M, Jaime Ignacio del Burgo ha recordado a Rubalcaba en el Pleno del Congreso que dijo que en el Ministerio de Interior "jamás" se había falsificado un documento. Del Burgo le dijo "si se confirma, señor ministro, usted mintió". Rubalcaba evitó en todo momento referirse a esta cuestión, y, esta vez, el as que se sacó de la manga fue un informe de las "dieciséis agencias de inteligencia" de EEUU, desclasificado este martes por Bush, en el que se cita el 11-M como atentado islamista.

El PP no será un obstáculo para la destrucción civil de los tres expertos policiales que informaron de un posible vínculo de ETA y la trama del 11-M, y cuyo trabajo fue falsificado por sus superiores. El portavoz de Justicia e Interior de los populares ha apelado a "la necesaria cautela" ante el auto del juez Garzón que imputa un delito de falsificación a los tres peritos que fueron víctimas de esa misma práctica, como, de hecho, ha apreciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ignacio Astarloa ha manifestado a COPE que, "ante todo, máxima cautela" para una actuación judicial que remata la ofensiva del Gobierno, y de El País y ABC, para criminalizar a los tres peritos. El PP constata, eso sí, su "sorpresa" por la decisión de Garzón. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto íntegro del juez Baltasar Garzón.

El firmante del informe manipulado que se envió al juez del Olmo, Francisco Ramírez, ha declarado este viernes ante Garzón. Estaba previsto que el jefe de la Unidad de Análisis prestara declaración el jueves, pero estaba de vacaciones. Quien sí se presentó ante el juez ese día fue Miguel Ángel Santano, Comisario General de la Policía Científica, junto a los tres peritos que redactaron el documento inicial. Garzón ha mantenido estos interrogatorios en el marco de la causa que instruye sobre los atentados de Casablanca pese a que la Audiencia ya ha remitido los informes a los juzgados de Plaza de Castilla.

El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, cree que es "políticamente relevante" que la Audiencia Nacional haya remitido los informes policiales relativos al hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan el Haski a los Juzgados de Madrid para que se inicie la investigación. Afirmó que su partido seguirá intentando que se agoten "todas las vías de investigación" y que se pongan todos los medios disponibles al servicio de esa investigación.

José María de Pablo, uno de los abogados de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, ha exigido la "pieza fundamental" que falta en el "gran puzzle" del sumario que ha instruido Juan del Olmo: el tipo de explosivo que estalló en los trenes. Según ha dicho, "mientras no lo sepan no podrán llegar a todos los culpables". De Pablo ha recordado que "las víctimas quieren sentar a todos", no sólo a los 29 procesados del sumario. Sobre el informe falsificado que vinculaba a ETA con los atentados, ha reiterado que Garzón debe inhibirse. El jefe de la Sección de Análisis que firmó el informe falso, Francisco Ramírez, no declarará ante él porque "está de vacaciones".

Para seguir buscando que cualquier tipo de vinculación entre ETA y el 11-M fuera eliminado de todo documento, no sólo se falsificó el documento realizado por los tres peritos y se borró con "típex" uno de los nombres de éstos en el libro de registros, sino que también la Policía Científica se encargó a sí misma un nuevo análisis ficticio sobre lo mismo que ya se había estudiado. Esta nueva revelación hecha por el diario El Mundo este miércoles se acompaña de los documentos que prueban la nueva petición firmada por el mismo jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez, cuyo nombre es el que apareció en el libro de salida.

La Audiencia Nacional decidirá el próximo 5 de octubre la sanción que se debe imponer al juez de este tribunal Juan del Olmo por no prorrogar a tiempo la prisión provisional de Saed El Harrak, uno de los procesados por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El error del magistrado tan sólo fue considerado por el CGPJ como una "falta leve" pese a que el servicio de inspección lo calificó como una "falta muy grave de desatención", algo llamativo después de que el mismo órgano sancionara a otro juez por una falta muy grave por incluir consejos religiosos en sentencias de divorcio.