En el último lustro, se han disparado las bajas médicas. Un fenómeno que preocupa a las empresas por su impacto en la competitividad y productividad. Esta semana, analizamos las cifras más importantes en La Pizarra de Domingo Soriano.
En el panorama económico español actual, surge una preocupación creciente que el Gobierno de coalición parece ignorar: alarmantes cifras de absentismo laboral, un fenómeno que ha pasado de representar menos del 2% en 2019 a rozar el 5% en la actualidad. Este incremento no es una mera estadística, sino una lacra que lastra la competitividad de nuestras empresas y que ha sido analizada por el Foro Regulación Inteligente.
Los datos son tozudos y revelan una tendencia preocupante: el absentismo en España es profundamente estacional y está ligado al ciclo económico. Resulta revelador observar cómo, durante la crisis financiera de 2008 a 2014, los niveles de ausencia al puesto de trabajo cayeron drásticamente. El miedo razonable al paro actuaba como incentivo. Sin embargo, en los periodos de supuesto crecimiento y con las sucesivas contrarreformas laborales que encarecen la gestión de las plantillas, las bajas se disparan de nuevo. No parece que la salud de los españoles haya empeorado súbitamente, sino que el sistema actual fomenta que el trabajador se ausente con un coste inasumible para el tejido productivo.
El coste directo e indirecto de esta situación ya ronda los 130.000 millones de euros, una cifra astronómica que pone en jaque la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes). Para un empresario que cuenta con una plantilla reducida, tener a varios trabajadores de baja simultáneamente supone un enorme perjuicio. Sectores estratégicos como el comercio, la hostelería y los servicios se ven especialmente afectados, viéndose obligados a recurrir a contratos de sustitución que ya rozan el millón anual, con el consiguiente gasto en formación y la incertidumbre que ello genera en el funcionamiento diario del negocio.
Existe un evidente secreto a voces que la clase política prefiere evitar por puro cálculo electoral: el fraude laboral. Aunque la mayoría de los trabajadores cumplen con sus obligaciones, el sistema español, caracterizado por ser un mercado laboral ultrarrígido, termina protegiendo al trabajador que hace un uso abusivo de la ley. Las dificultades legales para que un empresario pueda realizar ajustes o recurrir al despido, incluso cuando detecta irregularidades flagrantes en las bajas, son inmensas debido a una protección judicial que a menudo ignora la realidad de la empresa. Esta situación perjudica gravemente a los buenos trabajadores, quienes deben asumir la carga extra de trabajo de aquellos que se escabullen de sus responsabilidades.
La falta de libertad para organizar la fuerza laboral y los elevados costes de la contratación están provocando que la productividad en España continúe en niveles muy bajos. Los empleadores, ante el temor de quedar atrapados en una relación contractual de la que es casi imposible salir sin costes disparatados, optan por la subcontratación o por no ampliar sus equipos. Mientras el Ejecutivo siga negando la realidad y no se atreva a reformar un sistema que premia el absentismo frente al esfuerzo, la economía nacional seguirá perdiendo posiciones frente a sus socios europeos.