El pasado miércoles, un juez ordenó la detención de más de una docena de altos cargos de la Generalidad, como consecuencia de la denuncia interpuesta hace meses por Vox contra el juez Santiago Vidal.

Ese mismo día, Rajoy compareció para asegurar que la ley se cumplirá, para hacer una llamamiento a la cordura del gobierno catalán y para trasladar un mensaje de apoyo a los alcaldes amenazados y a los demás catalanes que sufren estos días la presión y el acoso de los separatistas. Permítanme que me centre en este último punto: el estado os protegerá, vino a decir Rajoy.

Pues bien, tan solo 24 horas después el ministro De Guindos y algún otro miembro del gobierno ofrecían públicamente a los golpistas darles más dinero a través de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, e incluso estudiar una posible reforma constitucional.

O sea, el estado protegerá a los acosados por el separatismo… dando más dinero y poder a los separatistas que les acosan.

Con lo cual, en el mejor de los casos (es decir, en caso de que los separatistas recularan y accedieran a aplazar un poco sus reivindicaciones a cambio de más poder y más dinero), los acosados por el separatismo se verían obligados a seguir soportando a los acosadores y a pagar el precio por haberse atrevido a desafiarlos.

Esa es la protección que Rajoy promete: jugaros vuestra carrera profesional, vuestra integridad física o vuestra situación social enfrentándoos a los delincuentes, que yo terminaré pactando con ellos y os dejaré tirados, de modo que los delincuentes puedan usar el dinero y el poder que yo les doy para tomar con vosotros las represalias que consideren oportunas.

Y luego me dicen algunos que soy demasiado duro con Rajoy.