11-M

Siguen llegando señales de que la versión oficial del 11-M ya no convence a nadie. La última emana de una revista que editan dos universidades madrileñas en colaboración con el propio CNI. En uno de los artículos sobre Al Qaeda, sus autores nos dejan este párrafo tan revelador: "sobre el atentado del 11 de marzo todavía quedan algunas incógnitas por desvelar, sobre todo respecto a la autoría intelectual de los atentados o la coordinación de los mismos".

No es verdad que los terroristas hubieran comprado una serie de móviles liberados en la tienda de los hindúes detenidos el 13-M. La fecha de activación de esos móviles demuestra que es imposible que fueran comprados en la fecha que se indica en el sumario. Libertad Digital ya había publicado informaciones donde se daba cuenta de la gran cantidad de incoherencias existentes en todo lo que se refiere a este episodio. También se habían publicado las pruebas de que los libros de caja de una de las tiendas de esos hindúes fueron retocados después de la masacre. Los datos que este jueves publicamos terminan de confirmar que toda aquella historia no era más que un montaje para tratar de explicar de dónde había salido el teléfono de la mochila de Vallecas.

Los hindúes detenidos el 13-M y liberados el 23 de abril de 2004 vivieron un calvario como consecuencia de esa detención completamente irregular. Pero ese calvario no finalizó con su puesta en libertad. A fecha de hoy, esos hindúes no han podido, después de tres años y medio, regularizar su situación, al haberse quedado sin pasaporte como consecuencia de esa detención completamente arbitraria.

Según ha comunicado el Ministerio del Interior, la Policía ha detenido en Madrid y Barcelona a dos paquistaníes a quienes relaciona con el terrorismo islamista. En la operación han trabajado de forma conjunta la Comisaría General de Información de la Policía y del FBI estadounidense. Los arrestados habrían canalizado fondos destinados a miembros o simpatizantes de organizaciones terroristas islamistas en España y en el extranjero.

La detención de dos hindúes el 13-M, en plena jornada de reflexión, es uno de los episodios más siniestros de las investigaciones oficiales de los atentados. No es sólo que no tenga ningún sentido que se detuviera a unos hindúes como posibles implicados en una trama islamista, sino que las investigaciones de los medios de comunicación han puesto de manifiesto que no existía ningún dato objetivo que permitiera vincular a esos dos hindúes, ni directa ni indirectamente, con los autores de la masacre. En esencia, se detuvo a dos hindúes por vender teléfonos, lo cual no es un delito. Para colmo, esos hindúes ni siquiera eran los que habían vendido esos terminales telefónicos.

El Gobierno ha denegado al PP el informe sobre el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, acusado de proporcionar los explosivos del 11-M, alegando que el mismo únicamente se desclasificó para que pudiera ser utilizado por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar este caso.

En el registro efectuado en la casa de los hermanos de Jamal Ahmidan, El Chino, la Policía encontró diversos efectos, incluidas algunas tarjetas telefónicas. El análisis de las transcripciones telefónicas que obran en el sumario revela, sin embargo, que una de esas tarjetas telefónicas aparecidas en esa casa no pertenecía a los hermanos Ahmidan, sino a un español cuya identidad no ha sido aclarada durante la instrucción sumarial, sin que exista una explicación oficial de cómo pudo esa tarjeta llegar a parar al lugar donde la Policía la encontró.

El ex presidente de la Junta de Extremadura ha acusado, a la jueza que ha desestimado su demanda contra El Mundo, de incurrir en un delito de "negligencia o prevaricación". Ibarra ha señalado irónicamente que, "por lo que yo he podido aproximarme a la verdad, la jueza María Victoria Dávila Arévalo ha dictado esta sentencia en un despacho que le ha proporcionado don Pedro J.Ramírez".

Uno de los acusados por los atentados de Madrid, Rachif Aglif –más conocido como "El Conejo"– viajó fuera de España poco después del 11-M pero regresó en una fecha posterior al 23 de marzo para resolver unos asuntos pese a que se le recomendó que no lo hiciera ya que las detenciones de Rafá Zouhier y Jamal Zougam ya se habían producido. Así lo asegura este martes el diario El Mundo, que agrega que Aglif –detenido tres días después de las explosiones de Leganés–, recibió en la cárcel la visita de la Guardia Civil en dos ocasiones pero ni él ni su abogado lo mencionaron durante la vista oral.